En un escenario nacional disperso, aún agobiado por las consecuencias de la guerra de Independencia y por el efímero imperio de Agustín de Iturbide, y en el que varias regiones del país amenazaban con buscar su propia independencia, el 31 de enero de 1824 el Congreso constituyente expidió el Acta Constitutiva de la Federación, a fin de asegurar un sistema federal que uniera a todas las antiguas provincias, mediante un pacto.

Esta Acta Constitutiva es un precedente vital de nuestra forma de estado federal, que dio lugar a que la nación adoptara para su gobierno la forma de República representativa popular federal. Esta Acta detalló que las partes integrantes eran estados independientes, libres y soberanos, en lo que exclusivamente tocara a su administración y gobierno interior.

De aquí la importancia de estar aquí reunidos para la instalación de los trabajos de la Comisión de la Conmemoración del Bicentenario de la Creación del Estado de México.

Las bases o directrices generales formuladas por Ramos Arizpe en el Acta Constitutiva de la Federación y aprobadas por el Congreso constituyente, más tarde servirían de sustento a la Constitución federal promulgada el 4 de octubre del mismo año de 1824.

En el discurso preliminar del proyecto de Acta Constitutiva, entre otras cuestiones referentes a la forma de gobierno y a la forma de Estado, cubrió la necesidad imperiosa de dar un punto de unión a las provincias y una ruta política al Gobierno General.

En este mismo discurso, se mencionan las dificultades para fijar el número de estados que debían componer la Federación mexicana, y se fijó un principio general, que ni fueran tan pocos que por su extensión y riqueza pudieran en breves años aspirar a constituirse en naciones independientes, rompiendo el lazo federal, ni tantos que por falta de hombres y recursos viniera a ser impracticable el sistema. En el Acta se dispusieron los estados y territorios que en ese momento integrarían la federación¸ entre ellos el de México.

En el establecimiento de los gobiernos y poderes de cada estado solo se fijó en los principios de la forma de gobierno general adoptado, dejando que los poderes de los mismos estados se movieran en su territorio para su bien interior en todo aquello que no pudiera perturbar los Poderes de la Federación.

Se resolvió el arduo problema de la atribución de la soberanía, declarando que ésta residiría en la Nación, pero, haciéndola compatible con la existencia de estados soberanos e independientes, en lo que tocase a su administración y gobierno interior. Temática que fue motivo de un amplio debate posterior, antes de su aprobación en la Constitución.

Los estados en tanto depositarios de la soberanía serían independientes, libres y soberanos y sólo delegarían en la federación la parte de la Soberanía relativa a las relaciones internacionales y la fuerza militar para defensa de la Nación, el sostén del orden público y la paz.

Cabe recordar dos artículos del Acta Constitutiva que abrían la posibilidad que cada provincia se erigiera en entidad federativa, para organizar sus poderes y buscara crear su Constitución:

Artículo 24.- Las constituciones de los estados no podrán oponerse a esta acta ni a lo que establezca la constitución general: por tanto, no podrán sancionarse hasta la publicación de esta última.

Artículo 25.- Sin embargo, las legislaturas de los estados podrán organizar provisionalmente su gobierno interior, y entretanto lo verifican, se observarán las leyes vigentes.

Los Estados que se fueron creando y las élites locales y regionales estaban convencidos de que, en el orden jurídico, se debía proponer como forma de gobierno el federalismo, pues les aseguraba tener poder de decisión en la toma de gobierno interno, protegería los intereses locales frente a otros, y especialmente frente a los intereses de la federación.

Al federalismo lo movía el acentuado regionalismo sustentado por fuertes intereses estamentales e intereses incipientes de liberalismo. En este sentido, se dio inició a la discusión del proyecto de Constitución de 1824, resultó ser un pacto híbrido, de compromiso entre los principios modernos de la representación presentes en la constitución de Cádiz de 1812 y los principios tradicionales de la cultura política imperantes.

La existencia de una relación igualitaria entre el gobierno federal y los estados determinó también que operaran para el territorio nacional ordenamientos locales, con la supremacía del federal, lo que originó un modelo de organización político – jurídica.

En octubre de 1824 se instituyó el federalismo mexicano mediante una Constitución Política, la cual estipuló que el país estaba compuesto por diecinueve estados y cuatro territorios. Además, contempló la división de poderes tanto en el ámbito federal como en el local, la figura de presidente y vicepresidente de la República y la religión católica como la única de todo el país.

El Estado de México, fue parte integrante de la Federación, libre y soberano en todo lo que concernía a su régimen interior. Era el más importante en la primera República federal por su extenso territorio, el de mayor cantidad de población; por lo tanto, tenía el mayor número de representantes en el Congreso de la Unión, y por la dinámica economía aunque devastada por la guerra de Independencia.

El Estado de México inició el federalismo obligado por las circunstancias nacionales, sin tener el convencimiento total que ese sistema de gobierno fuera la mejor opción; pero en pocos años resultó un defensor del sistema político que le permitió consolidar su política interna.

A partir de 1824, el federalismo del Estado de México se ha encontrado en un proceso permanente de constitución a su interior, cambiante por naturaleza, como el de las demás entidades federativas.

El 3 de febrero de 1824, Melchor Múzquiz, jefe político superior de la ex - provincia de México promulgó el Acta Constitutiva de la Federación.

Rápidamente se realizó la convocatoria para elegir los diputados para integrar el Congreso constituyente del Estado de México, que quedó instalado el 2 de marzo de 1824.

Se empezó a articular en el Estado de México una incipiente estructura política. Se fueron mezclando elementos liberales y antiliberales con una flexibilidad permitida por los programas de gobierno, nacionales y estatales, y obligada por los intereses sociales, políticos y económicos creados con anterioridad. Se aprovechó la cultura política heredada de la Diputación Provincial de México, que se hizo evidente en la división de la administración Pública, en los ramos que formaban las finanzas del estado, la administración de justicia, la relación con los ayuntamientos, entre otros aspectos.